Chilpancingo, Gro., 25 de septiembre de 2024.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron este miércoles la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, figurando entre los primeros 17 congresos locales requeridos para su publicación.
La dictaminación de dicha minuta turnada por el Senado de la República estuvo a cargo la diputada Araceli Ocampo Manzanares, presidenta de la Comisión Especial; el diputado Arturo Álvarez Angli, secretario, y las diputadas Ma. del Pilar Vadillo Ruiz, Leticia Mosso Hernández y el diputado Robell Urióstegui Patiño como vocales.
Destaca en el documento aprobado que estos cambios constitucionales tienen como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de derecho, así como el goce efectivo de los derechos humanos.
Otras adecuaciones implican que, en tiempo de paz, ningún miembro del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna, y define que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil.
De la misma forma, estipula que a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, le corresponderá la persecución de los delitos sujeta al Ministerio Público, y que sus funciones se deben limitar a las que le atribuye la Constitución y sus leyes.
Las reformas aseguran también la continuidad de la Guardia Nacional, tendente a salvaguardar la integridad y los derechos de las y los mexicanos, así como la convivencia, el orden y la paz nacional, garantizando la supervisión puntual de su desempeño en tareas de seguridad pública, y propiciando que éste se haga con estricto apego a los derechos humanos.
Se establece también que el (la) presidente de la República nombrará a los mandos superiores y demás oficiales de la Guardia Nacional, como coroneles y oficiales superiores, mismos que serán aprobados por la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
De esta manera, se busca dotar al Estado de una fuerza de seguridad pública nacional disciplinada y profesional, capaz de enfrentar los desafíos del crimen organizado y otras amenazas a la seguridad, y enfatiza, por último, que su creación e integración en el marco constitucional es una medida justificada para proteger a la población y garantizar la paz pública en todo el territorio nacional.
Razonaron sus votos a favor del dictamen el diputado Édgar Ventura de la Cruz (PT), el diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) y la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena).
Por otro lado, razonaron sus respectivos votos en contra la diputada María Irene Montiel Servín (PAN), la diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC), el diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD) y la diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI).
