Chilpancingo,
Gro., 12 de junio de 2024.- El
Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para el Estado de
Guerrero, con el objeto de establecer las bases para decretar amnistía en favor
de personas que estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia
firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en esta
ley, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando
no sean reincidentes.
En el dictamen realizado por la Comisión de
Justicia se expone que las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley de
Amnistía serán el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial,
así como la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, se podrá decretar amnistía en los
delitos de aborto en cualquiera de sus modalidades previstos en el Código Penal
del Estado, cuando se impute a la madre del producto del embarazo
interrumpido, a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras u otro
personal autorizado de servicios de salud que hayan auxiliado en la
interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a
cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre.
También
será aplicable por delitos contra la salud, pero solo que quien lo haya
cometido se encuentre en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad por su
condición de exclusión y discriminación, por indicación de su cónyuge,
concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por
afinidad sin limitación de grado; por temor fundado, o bien si alguien fue
obligado por grupos de la delincuencia organizada.
La
concesión del perdón, de la misma forma, se dará en casos de delitos imputados
a personas campesinas de notoria pobreza económica o pertenecientes a los
pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas, por defender
legítimamente su tierra, recursos naturales, bosques o sus usos y costumbres,
quienes durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado
por no haber sido garantizado el derecho de contar con intérpretes o defensores
que tuvieran conocimiento de su lengua o cultura, y cuando se compruebe que se
encuentran en situación de pobreza extrema, notoria inexperiencia y extrema
vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación.
Se
les otorgará amnistía también a las personas encarceladas por el delito de robo
simple y sin violencia, cuando el monto de lo robado no exceda de las 400 veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, previa garantía
de la reparación integral del daño a víctimas u ofendidos; robo con violencia,
siempre y cuando se trate de un delincuente primario, acreditando con la
constancia que expida la Fiscalía General y no cause lesiones o la muerte a la
o las víctimas, y no utilice armas de fuego, exceptuándose el delito de robo a
vehículos.
De
este beneficio podrán gozar también las mujeres acusadas o sentenciadas por
exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad, o al de
sus ascendientes o descendientes; a las personas mayores de 65 años de edad que
padezcan enfermedad terminal o crónico-degenerativa grave; por el delito de
sedición o apología del delito de sedición, porque lo hayan invitado, instigado
o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por
razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, y que en
los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra
persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego, explosivos o incendios.
Al
razonar su voto a favor del dictamen, la diputada Leticia Castro Ortiz,
promovente de la iniciativa, manifestó que el espíritu de esta ley conlleva un
gran sentido social porque beneficiará, principalmente, a las personas de alta
marginación, garantizándoles el acceso a la justicia y, en su caso, la
reparación de daños, pero sobre todo, permitiendo su reintegración a la
sociedad.
Puntualizó
que la ley no pretende ser un pasaporte a la impunidad, sino una ventana de
acceso a la justicia para quienes no la han tenido por sus deplorables
condiciones económicas y sociales, como las mujeres que interrumpieron su
embarazo, campesinos, integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos que se
encuentran bajo prisión por delitos menores y no han contado con una defensa
adecuada.
Intervención
La
diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez intervino en relación con la próxima
conclusión de la LXIII Legislatura, resaltando que en medio de las divergencias
ideológicas y políticas, se mantuvo siempre el compromiso firme con la
democracia, la justicia y el bienestar de Guerrero.
Expuso,
asimismo, que esta legislatura pasará a la historia por su trascendencia con la
paridad de género, la inclusión y la diversidad, rasgos que colocan al Congreso
a la altura de las circunstancias y de las necesidades de todo un pueblo, más
allá de los intereses personales.
Por
último, confió en que la legislatura venidera dará seguimiento a las
necesidades de las y los guerrerenses y hará frente a los desafíos persistentes
que requieren atención continua, para seguir luchando contra la corrupción y la
desigualdad.
