Chilpancingo,
Gro., 13 de agosto de 2023.- La
diputada Nora Velázquez Martínez presentó una iniciativa de reforma a la
Constitución Política local para establecer la obligación del Estado de brindar
el servicio de agua potable como un derecho humano, estableciendo la preferencia
en el servicio a los hogares sobre los negocios u otros usos.
Al presentar su propuesta en la sesión de la Comisión Permanente
de este miércoles, la diputada de Morena resaltó que el agua es un derecho
humano y un recurso natural indispensable para todas las actividades humanas -agrícolas,
pesqueras, domésticas, industriales y otras-, por lo cual es importante diseñar
políticas, planes y proyectos hidráulicos que permitan disponer del recurso y
racionarlo de manera sustentable, evitando su privatización y el lucro.
Agregó que el Estado está obligado a garantizar este derecho bajo
los términos que la Ley Reglamentaria indica, procurando que el vital líquido
sea distribuido de forma equitativa, basado en los principios de solidaridad, complementariedad,
reciprocidad, equidad, diversidad, racionalidad, autogestión y sustentabilidad,
acciones que no solo competen al estado, sino que requieren de la participación
de los municipios y las comunidades como principales gestores, así como a la propia
federación.
Por lo anterior, la también presidenta de la Comisión del Agua,
Infraestructura y Recursos Hidráulicos hizo un llamado a sus homólogos para que,
de manera responsable y con sentido humano, analicen la reforma en comento para
que toda persona tenga derecho a disfrutar del agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre y gratuita, y así dar cumplimiento a lo
estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
Además, enfatiza que la participación social deba de sustentarse
en esquemas comunitarios que involucren la responsabilidad y decisión de la
colectividad; y, por último, se establece que el servicio público, dada la
importancia de garantizar un derecho humano fundamental, no puede ser objeto de
privatización y que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación correspondientes.
